EUobserver.com publicaba el pasado 22 de abril una noticia cuya entradilla rezaba: “La Comisión Europea ha abandonado sus planes de proteger a gays y lesbianas contra la discriminación, por presiones de Alemania”.
La Comisión, sobre la base del artículo 13 del Tratado de Amsterdam, había anunciado presentar una directiva contra todas formas de discriminación en 2008, pero ahora se reduce a protección contra la discriminación de personas discapacitadas. ¿La razón? El miedo a que los Gobiernos conservadores hagan peligrar la unanimidad necesaria. Jan Jarab, del Departamento de Empleo de la Comisión Europea, declaró en una entrevista en la BBC: “La Comisión preferiría tener una directiva horizontal que cubra todos los ámbitos de discriminación en todas las áreas que aún no están cubiertas. Una vez dicho esto, necesitamos ser realistas, y tenemos señales de algunos Estados miembro de que no apoyarían una directiva tan horizontal, lo cual es un problema, desde luego, porque necesitamos la unanimidad en el Consejo [Europeo] para aprobar la propuesta”. Así, la discriminación en términos de orientación sexual, edad y religión, quedarán relegadas a meras recomendaciones de la Comisión, en vez de directivas.
Lo que me interesa resaltar aquí es que, el argumento que el Gobierno alemán utiliza para presentar su rechazo a la protección de gays y lesbianas contra discriminación, no es una argumentación religiosa, moral o ética, implícita o explícita, sobre la inferioridad de las personas no heterosexuales. El argumento es que una directiva de tales características sería demasiado costosa para los empleadores y las empresas prestadoras de servicios.
El argumento no tiene pérdida. ¿Protección legal contra la discriminación? Sí, pero siempre y cuando no cueste dinero en indemnizaciones. Más allá de que las razones que el Gobierno alemán y otros gobiernos europeos (como el de República Checa) han escogido para presionar contra la protección de la diversidad sexual a nivel comunitario, escondan razones de orden ideológico-religioso, merece la pena reflexionar sobre la concepción de las elites ejecutivas de la Unión Europea sobre la no discriminación y sobre la gestión que de ella puede o debe hacer el poder político.
Es curioso, de cualquier modo, no ya que la Comisión esté ignorando el propio fundamento jurídico de la no discriminación en el ámbito europeo, concretamente de la no discriminación por razón de orientación sexual (recientemente reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia sobre pensiones), sino que esté ignorando el posicionamiento fuertemente a favor de otros Estados miembro de gran peso como Reino Unido, Suecia, Finlandia o España.
Mientras tanto, si las iniciativas por resucitar una directiva anti-discriminación más comprehensiva no tienen éxito, la Comisión coronará los millones de euros gastados en el Año Europeo de la Igualdad de Oportundiades con una directiva que deja fuera un aspecto esencial de la diversidad. En ese caso, la maleabilidad de los derechos sociales en la Unión Europea, frente a la firme aplicación de la libertad de movimientos de capitales, quedará patente de nuevo.
La elección de no hacer, es desde luego la más política de todas.
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